Adriano Espaillat
WASHINGTON.- El congresista Adriano Espaillat, el senador Ron Wyden y 68 demócratas hicieron un llamado a que se realice una nueva investigación de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por la compra sin orden judicial de datos de ubicación de estadounidenses.
Solicitaron al inspector general del DHS, Joseph Cuffari, que investigara a ICE y a otras agencias del DHS que reanudaron la compra sin orden judicial de datos de ubicación de estadounidenses. El inspector general del DHS determinó previamente que la compra de datos por parte de ICE era ilegal, lo que provocó el cierre del programa en 2023, tras una investigación solicitada por Wyden, junto con los senadores Elizabeth Warren, D-Mass., Edward Markey, D-Mass., y Brian Schatz, D-Hawaii.
“Los datos de ubicación son extremadamente sensibles y pueden revelar la religión, las opiniones políticas, las afecciones médicas, las adicciones y las personas con las que pasa tiempo. Por ello, normalmente, el gobierno debe obtener una orden judicial para exigir dichos datos a las compañías telefónicas o tecnológicas”, escribieron los miembros a Cuffari.
«Dada la incapacidad del DHS para adoptar una política sobre el uso de datos comerciales, sumada al hecho de que el ICE otorgó un contrato sin licitación a un oscuro intermediario de datos que probablemente está violando la ley federal, le instamos a que abra una nueva investigación sobre la adquisición y el uso de datos de localización por parte del ICE y otros componentes del DHS», agregaron.
ICE emitió un contrato sin licitación a la empresa de vigilancia Penlink en 2025, que incluía licencias para su producto de rastreo de ubicación, Webloc, según un informe de 404 Media. Webloc fue desarrollado por la controvertida empresa de vigilancia Cobwebs Technologies, que se fusionó con Penlink en 2023. Meta prohibió Cobwebs en 2021, como parte de una ofensiva contra los mercenarios de la vigilancia tras detectar que los clientes de la empresa atacaban a activistas, políticos de la oposición y funcionarios gubernamentales en Hong Kong y México.
El ICE ha obstaculizado la supervisión del Congreso sobre sus compras de datos de ubicación. La oficina del senador Wyden solicitó una reunión informativa al ICE poco después de que se informara sobre este contrato en octubre de 2025. En diciembre de 2025, se programó una reunión informativa para el 10 de febrero de 2026. Un día antes de la fecha prevista, el ICE la canceló sin explicación alguna y sin ofrecer una reprogramación.
La carta está firmada por senadores Alex Padilla, Calif., Richard Blumenthal, Conn., Andy Kim, N.J., Chris Van Hollen, Md., Adam Schiff, Calif., Brian Schatz, Hawaii, Raphael Warnock, Ga., Angela Alsobrooks, Md., Peter Welch, Vt., Ben Ray Luján, N.M., Cory Booker, N.J., Jeff Merkley, Ore., Ed Markey, Mass., Elizabeth Warren, Mass., Tammy Duckworth, Ill.
También está firmada por los representantes Pramila Jayapal, Wash., Joaquin Castro, Texas, Greg Casar, Texas, Jim McGovern, Mass., Sara Jacobs, Calif., Raja Krishnamoorthi,j Ill., Yvette Clarke, N.Y., Grace Meng, N.Y., Shontel Brown, Ohio, André Carson, Ind., Ro Khanna, Calif., Nydia Velázquez, N.Y. , Robin Kelly, Ill., Zoe Lofgren, Calif., Mary Gay Scanlon, Pa., Veronica Escobar, Texas, Paul Tonko, N.Y., Jimmy Gomez, Calif., Lori Trahan, Mass., Rashida Tlaib, Mich., Nanette Barragán, Calif., Lateefah Simon, Calif., Jesús García, Ill., Stephen Lynch, Mass., Juan Vargas, Calif., Lloyd Doggett, Texas, Eleanor Norton, D.C., Norma Torres Calif., Madeleine Dean, Pa., Doris Matsui, Calif., Suzanne Bonamici, Ore., Maxine Dexter, Ore., Andrea Salinas, Ore., Luz Rivas Calif., John Garamendi Calif., Ritchie Torres, N.Y., Dan Goldman, N.Y., Adelita Grijalva, Ariz., Robert Menendez, N.J., Delia Ramirez, Ill., Mike Quigley, Ill., Richard Neal, Mass., Becca Balint, Vt., Darren Soto, Fla., Mark Takano, Calif., Linda Sánchez, Calif., Jasmine Crockett. Texas, Sylvia Garcia, Texas, Seth Moulton, Mass., Kelly Morrison, Minn., Eric Swalwell, Calif.
Los miembros del Congreso solicitaron al inspector general que investigara:
· Si el ICE y otros componentes del DHS están comprando datos de localización de ciudadanos estadounidenses obtenidos ilegalmente y, en caso afirmativo, por qué el DHS no cuenta con políticas para evitar que el dinero de los contribuyentes vaya a contratistas que han vulnerado la privacidad de los estadounidenses en violación de la ley federal.
· Cómo el ICE y otros componentes del DHS han utilizado los datos de localización y si los han empleado para investigar a ciudadanos estadounidenses por participar en actividades protegidas por la Constitución, incluidas las protestas contra las acciones del ICE o el monitoreo de las operaciones de aplicación de la ley del ICE.
· Si el ICE y otros componentes del DHS están auditando el acceso de los empleados a los datos de localización comerciales para identificar posibles patrones de abuso y, en caso afirmativo, si dichas auditorías han detectado irregularidades.
· Por qué el DHS aún no ha adoptado una política para el uso de datos de localización comerciales, tal como se recomendó en 2023.
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