Esta decisión da curso a la solicitud presentada por ADOCCO, en su calidad de ente fiscalizador de la administración pública, para proteger los intereses ciudadanos ante presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la emisión de licencias de conducir. El tribunal autorizó citar al INTRANT y a la Procuraduría General Administrativa, garantizando transparencia y derecho a defensa en el proceso.
ADOCCO denuncia que el pliego de condiciones del INTRANT habría sido diseñado para beneficiar exclusivamente al Consorcio Mobility ID, integrado por las mismas empresas responsables del pasaporte dominicano y la cédula de identidad, lo que concentraría el control de los tres principales documentos de identidad del país en un solo grupo empresarial, con posibles riesgos para la seguridad nacional y la privacidad ciudadana.
La organización acusa al ingeniero Milton Morrison y al Consorcio Mobility ID de incurrir en falsificación de documentos públicos y violar la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, además de varios artículos del Código Penal y leyes anticorrupción. ADOCCO sostiene que el consorcio habría presentado información técnica falsa para obtener la adjudicación del contrato por un monto estimado de 8,400 millones de pesos.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) reafirma su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, considerando este caso un precedente importante en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los recursos públicos y los derechos ciudadanos.
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