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POR OMAROY MÉNDEZ GARCÍA
A lo largo de dos décadas y un lustro observando nuestra economía, pocas veces he presenciado un divorcio tan marcado entre los discursos oficiales y la cruda realidad de los hogares de profesionales, pequeños comerciantes y trabajadores asalariados e independientes.
Hoy asistimos a la consolidación de un modelo de política monetaria que, lejos de proteger la capacidad adquisitiva, está ahogando a la clase media y empujándola a una espiral incesante de endeudamiento y miseria.
La narrativa gubernamental insiste en exhibir indicadores agregados con triunfalismo, mientras la cotidianeidad del ciudadano de a pie transcurre entre malabarismos financieros, tarjetas de crédito al límite y préstamos para cubrir la canasta básica.
El diagnóstico no responde a apreciaciones partidarias; los propios números del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) revelan una política monetaria caracterizada por una persistente liquidez restringida para las familias y una expansión desmedida de la deuda cuasifiscal que termina pasando factura a toda la población.
Es evidente la paradoja del peso fuerte: Un superávit para importadores, un castigo a la canasta básica. Con el actual esquema cambiario y monetario se ha fomentado una apreciación del peso dominicano del 7.57 % en lo que va de 2026.
Bajo la ortodoxia de los libros de texto, una moneda apreciada debería abaratar los bienes consumidos internamente. Sin embargo, en el supermercado o en el colmado de la esquina ocurre exactamente lo opuesto.
La inflación acumulada del año ya alcanza un 5.7 %, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas se dispara un alarmante 7%, ambas cifras por encima del rango meta fijado por el ente emisor (5%). La vida sigue encareciéndose y la inflación interanual se sitúa en un 5.67 % de acuerdo al mismo BCRD.
La fortaleza de la moneda beneficia directamente a quien importa vehículos, tecnología o vestimenta; pero no ha mostrado efectividad para frenar las alzas de productos esenciales para el dominicano como el pollo, el plátano o el arroz.
El daño a la productividad es devastador. Una política monetaria que promedia una tasa activa de 18% al 23% anual (BCRD), las instituciones financieras de créditos a MIPYMES, erosionan la competitividad de los exportadores y asfixian dichas empresas.
Se siente el «apretón» de liquidez y el estrangulamiento del circulante. Entre diciembre y julio se produce habitualmente un drenaje debido a la dilución del gasto navideño y la regalía pascual. Históricamente, la caída del circulante en este periodo oscilaba entre un 4.9 % y un 5.3 %.
Los registros oficiales muestran que durante este periodo la contracción del efectivo en poder del público se situó en un 8.7 %: prácticamente el doble del promedio de los ciclos anteriores. Estamos ante un drenaje deliberado de liquidez en el que se ha sacado el dinero de las calles.
La escasez de circulante golpea las bases de la economía popular, el comercio minorista, los servicios profesionales independientes y la economía informal. El gobierno está empujando a las personas al crédito de consumo diferido y deuda informal para sostener su nivel de vida, comprometiendo su estabilidad futura.
Sostengo que la verdadera salud económica de un país no se mide por la firmeza artificial de su tipo de cambio ni por la holgura del sector bancario, sino por el bienestar real y la capacidad de ahorro de sus ciudadanos.
Resulta imperioso que la administración monetaria y fiscal revise sus prioridades y que promueva una flexibilización de la liquidez orientada al crédito productivo de las MIPYMES y del sector real, y no solo al fortalecimiento del margen financiero.
Así como, el garantizar que los beneficios de la estabilidad cambiaria se trasladen efectivamente a los precios de la canasta básica y al estómago de la población que no aguanta más.
Sostener una fachada macroeconómica sobre la base de exprimir el bolsillo de la clase media y restringir la liquidez del aparato productivo no es estrategia sostenible. Es tiempo de devolver el equilibrio a la economía y proteger el activo productivo más valioso: el esfuerzo de las MIPYMES y la población.
jpm-am
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