POR LUIS M. GUZMAN
A pocos días del año escolar 2026-2027, la educación pública vuelve a desnudar problemas que el 4% del PIB debió ayudar a superar hace tiempo. Faltan cupos en zonas de alta demanda, todavía se trabaja en planteles, existen reclamos por personal y la amenaza de nuevos conflictos gremiales permanece. Después de tantos años y miles de millones invertidos, ya no basta anunciar escuelas y útiles. Hay que explicar por qué seguimos comenzando cada curso apagando incendios.
La discusión sobre las aulas es el primer ejemplo. La ADP habla de 28,000 faltantes y más de 200,000 estudiantes afectados, mientras las cifras oficiales sitúan el déficit considerablemente más abajo. La diferencia es demasiado grande para aceptarla sin explicaciones. Pero tampoco puede utilizarse la guerra de números para esconder el problema. La cifra que realmente importa es la del estudiante que el primer día de clases descubre que no tiene un pupitre disponible cerca de su casa.
Hay además una realidad que los grandes totales nacionales esconden. Un aula disponible en Montecristi no resuelve el hacinamiento en Santo Domingo Este, ni veinte espacios sobrantes en una comunidad que pierde población solucionan el déficit de Santiago. De las nuevas aulas previstas, 453 corresponden al Gran Santo Domingo, 152 en Santo Domingo Este, 108 en Santo Domingo Oeste y 96 en Los Alcarrizos. También se proyectaron 84 en San Pedro de Macorís y 75 en Santiago.
Por eso habrá que mirar con lupa cualquier anuncio posterior de reducción del déficit. ¿Se crearon verdaderamente los espacios necesarios donde existe mayor demanda o simplemente entraron más estudiantes en las aulas disponibles?… meter cuarenta alumnos donde deberían estar treinta y cinco también puede hacer desaparecer nombres de una lista de espera, pero no crea capacidad educativa. El déficit deja de verse en la puerta y aparece dentro del aula convertido en hacinamiento, menos atención y peor enseñanza.
Tampoco basta levantar paredes. La ADP ha denunciado miles de vacantes docentes y necesidades de personal mientras profesores que aprobaron concursos anteriores continúan esperando nombramientos. Si existen plazas necesarias y profesionales elegibles, la explicación ya no puede reducirse a falta de recursos. Hay un problema de gestión que el MINERD debe responder. Una escuela sin profesores suficientes, personal de apoyo, agua, mobiliario o servicios básicos puede figurar como abierta y seguir funcionando a medias.
Pero la responsabilidad tampoco termina en el Ministerio
Ahí aparece una contradicción difícil de defender. El sistema puede perder clases por paros y otras interrupciones, pero al acercarse vacaciones y asuetos el calendario recupera milagrosamente toda su rigidez. Llegado junio, el año termina aunque nadie demuestre que fueron repuestas las horas perdidas. Si diez días desaparecieron, esos diez días deberían recuperarse. De lo contrario, estamos llamando “año escolar cumplido” a un calendario terminado, que es algo muy distinto a un currículo completado.
Después viene la parte más cómoda, cerrar notas, promover estudiantes, celebrar graduaciones y comenzar las vacaciones. Pero ¿quién informa qué porcentaje del currículo quedó pendiente? ¿Cuántas horas de matemáticas, lengua española o ciencias recibió realmente cada grado? El MINERD debería publicar las horas perdidas por centro, sus causas y las recuperadas. Mientras eso no exista, podremos conocer cuándo comenzó y terminó el curso, pero no tendremos certeza de cuánto año escolar hubo verdaderamente dentro de esas fechas.
Los resultados académicos hacen más inquietante esa permisividad. En PISA 2022 apenas 8 de cada 100 estudiantes dominicanos evaluados alcanzaron al menos el nivel básico en matemáticas. Sin embargo, evaluaciones recientes han mostrado resultados favorables para una elevada proporción de docentes observados. La contradicción merece una respuesta sin excusas, si tantos profesores aparecen desempeñándose satisfactoriamente, ¿por qué tantos estudiantes continúan sin alcanzar competencias elementales? Algo no está midiendo bien el sistema.
La política tampoco puede mirar hacia otro lado. La ADP no pertenece a un solo partido ni todos los maestros comparten ideología, pero dentro del gremio existen corrientes históricamente vinculadas a organizaciones políticas. Eso hace legítimo preguntar cuánto pesan esos intereses en determinadas confrontaciones. También ayuda a entender la extraordinaria cautela de oficialistas y opositores ante el gremio. Todos hablan de defender la educación; pocos quieren pagar el costo electoral de enfrentarse a una estructura con presencia nacional.
Luego aparece nuestra doble moral. Nos escandalizan la deserción, los jóvenes fuera de las aulas, la falta de preparación laboral y la criminalidad, pero toleramos demasiadas fallas en la institución que debería ofrecer conocimientos, disciplina y oportunidades. Una mala escuela no convierte automáticamente a un joven en delincuente; la criminalidad tiene muchas causas. Pero el rezago y el abandono sí aumentan la vulnerabilidad social. No podemos debilitar durante años una de sus principales defensas y después sorprendernos cuando la calle ocupa ese vacío.
Este año escolar debería cerrar con preguntas que hasta ahora hemos evitado. ¿Cuántos estudiantes quedaron realmente sin cupo? ¿Cuántos fueron hacinados para acomodarlos? ¿Cuántas horas se perdieron por paros y cuántas fueron repuestas? ¿Se completó el currículo y qué aprendieron finalmente los alumnos?
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