POR OMAROY MÉNDEZ GARCÍA
Durante décadas, la imagen del trabajo informal en América Latina ha estado envuelta en un mito recurrente. Se solía pensar que las personas terminaban en el sector informal únicamente por desesperación o como un refugio temporal frente al desempleo.
Sin embargo, la realidad económica de la región es más compleja y particular, las decisiones laborales de millones de trabajadores responden a cálculos racionales entre lo que el sistema formal ofrece y lo que exige a cambio. El informe reciente del Banco Mundial, titulado “Racionalizar la informalidad: Protección social, calidad del empleo y crecimiento”, invita a cambiar de perspectiva y en otros casos a confirmar lo que la experiencia nos decía. Sus autores analizan las entrañas del mercado laboral regional.
La conclusión central es categórica: los enfoques fragmentados que buscan forzar la formalización mediante controles o multas están condenados al fracaso. Lo que se necesita es entender la lógica interna de los trabajadores y transformar de raíz las condiciones del entorno para explotar esta “mina de oro tributario”.
Uno de los primeros aportes del estudio es romper con la idea (desmontando el mito) de que la informalidad tiene orígenes homogéneos. No todos los trabajadores informales se encuentran en la misma situación ni buscan lo mismo dentro del mercado laboral.
Distingue claramente entre dos grupos principales: los trabajadores independientes o por cuenta propia y los empleados asalariados informales. Cada uno cumple funciones complementariamente distintas en la economía cotidiana.
Los trabajadores asalariados informales suelen ser jóvenes que inician sus trayectorias laborales. Para ellos, estos empleos funcionan como una plataforma de búsqueda y aprendizaje, caracterizada por una alta rotación y una permanencia promedio de apenas dos años.
En cambio, el trabajo por cuenta propia informal suele aumentar con la edad y la experiencia, a medida que personas acumulan habilidades o capital, muchos establecer sus propios negocios informales buscando autonomía e ingresos directos.
¿Por qué un trabajador optaría por informalidad si la formalidad promete estabilidad? La respuesta está en un balance pragmático (de costo beneficio) que las personas hacen sobre sus ingresos, bienes y servicios que realmente reciben. En países de la región, el empleo formal implica impuestos sobre nómina, cotizaciones sociales significativas, cesantía. Si el trabajador percibe que la salud o pensiones son deficientes, la cobertura formal baja drásticamente, evidenciando transversalidad del problema.
En nuestra región, cuando un emprendedor decide no registrar su negocio, está reaccionando a trámites asfixiantes, impuestos desproporcionados, sumado a baja productividad que no compensa el costo de formalización. Algo que no entienden los gobiernos de las repúblicas bananeras, como decía O. Henry en 1904 en su novela “Cabbages and Kings”.
Durante años, las políticas públicas se concentraron en simplificar registros o intensificar las inspecciones laborales. Si bien estas medidas pueden lograr pequeños aumentos en las cifras oficiales, no resuelven el problema de fondo, creando un espejismo al realizar formalización forzada.
La formalidad por presión Estatal no crea empleo de calidad ni incrementa automáticamente la productividad de MIPYMES, todo lo contrario. Cuando no produce suficiente para salarios mínimos y cargas sociales, forzarla a formalizarse provoca cierre, despido de personal y/o buscar acciones fraudulentas para permanecer a flote.
El reto
El reto es crear entorno donde formalizarse sea consecuencia de crecimiento y no carga sancionadora. Es necesario transformar la estructura, haciendo apetecible y ventajosa la formalización.
La premura de replantear estas políticas adquiere una connotación critica al observar las proyecciones demográficas de las próximas décadas. El tiempo corre y los números demandan soluciones escalables a largo plazo. En los próximos 10 a 15 años, aproximadamente 1,200 millones de jóvenes en países en desarrollo alcanzarán la edad de trabajar, Sin embargo, en el escenario actual solo se proyecta la creación de unos 400 millones de empleos formales, según el estudio.
Esta “gap” o brecha global de 800 millones de puestos de trabajo afectará con especial dureza a regiones como América Latina y el Caribe. Sin reformas de gran envergadura, la informalidad continuará siendo la única válvula de escape para millones de familias. Frente al nefasto panorama, el estudio del Banco Mundial propone un marco integral estructurado en tres pilares interconectados que deben avanzarse simultáneamente:
Primero, capacidades fundamentales: educación de calidad y formación continua en habilidades relevantes (y monetizables), indispensables para elevar productividad laboral de personas y empresas. Segundo, regulación y fomento productivo: es imprescindible eliminar distorsiones tributarias y burocracias que desincentivan las MIPYMES. Tercero, protección social independiente: desvincular acceso a salud y a condición laboral con acceso mínimo, mejorados en función de aportes formales.
Un sistema que protege a sus ciudadanos independientemente de su estatus laboral pero que premie la formalidad, combinado con un clima de negocios que fermente la innovación, la productividad y el emprendurismo, es el único camino sostenible.
Solo dentro de un engranaje en que la educación con regulación inteligente (insisto resaltando “regulación inteligente”) y protección social universal lograremos convertir empleo formal en una oportunidad de obtención de recursos para el fisco, con crecimiento real, generando riqueza equitativa para toda la sociedad.
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